Un informe señala que las fuerzas del orden emplearon munición prohibida que causó muertes durante las movilizaciones en contra del Gobierno de Boluarte y que las investigaciones penales en curso “carecen de rigor y eficacia”.
A un par de semanas de cumplir su primer semestre en Palacio, el Gobierno de Dina Boluarte continúa en jaque por un nuevo informe de una institución de derechos humanos que escarba en la manera como encararon las protestas en su contra desde que asumieron el mando. Amnistía Internacional ha presentado este jueves otro documento valioso que ayuda a esclarecer la muerte de 49 civiles. Lleva por nombre Racismo letal. Ejecuciones extrajudiciales y uso ilegítimo de la fuerza por los cuerpos de seguridad de Perú, y documentan sucesos entre el 7 de diciembre de 2022 y el 9 de febrero de 2023. Su trabajo de campo se enfocó en las ciudades con mayor número de heridos y fallecidos: Ayacucho (Ayacucho), Juliaca (Puno), Andahuaylas y Chincheros (Apurímac), y también Lima, la capital.
Después de analizar 92 piezas de información audiovisual, acceder a carpetas de la Fiscalía, escudriñar en certificados médicos, necropsias, pericias forenses, y entrevistarse con familiares de las víctimas, funcionarios públicos, entre ellos la presidenta Boluarte, representantes de organizaciones de la sociedad civil y periodistas, Amnistía Internacional asegura haber encontrado cinco hallazgos principales: En primer lugar, “la Policía Nacional del Perú y el Ejército Peruano utilizaron la fuerza letal (balas) y armas prohibidas para tareas de control del orden público (perdigones) de manera ilegítima y la fuerza menos letal (gas lacrimógeno) de manera excesiva, desproporcionada y, en ocasiones, innecesaria”. En segundo lugar, “lejos de tratarse de incidentes aislados de excesos policiales y militares individuales apuntaría a una respuesta estatal deliberada y coordinada”. (elpaís.com)
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