La investigación por lavado de activos que enfrenta el expresidente Alan García comprende en total a 31 involucrados, entre ellos personas de su más entera confianza, familiar y amical así como funcionarios que trabajaron durante el segundo gobierno aprista.
Según el fiscal José Castellanos Jara, el exmandatario sería el líder de una organización criminal dedicada al lavado de dinero con alcance nacional e internacional. Para ello, señala el representante del Ministerio Público, García Pérez se habría valido de ese círculo de confianza para cometer el delito.
En el primer nivel, se encuentra su exeposa y exprimera dama María del Pilar Nores Bodereau; el exministro de Vivienda, Hernán Garrido Lecca; el exministro de Educación, José Chang Escobedo; el exministro Aurelio Pastor Valdivieso y el exsecretario de Palacio, Luis Nava Guibert.
Los mencionados presentan vinculación con instituciones y empresas como: Inversiones Quijote SAC, Librería Santilla SAC, Librerías El Crisol SA (aquí, dice la disposición fiscal, que el director de esta empresa es el expresidente Alan García Pérez), Universidad San Martín de Porres, Inturandes SRL, empresa Alpamayo Entertaiment SAC. Estas empresas también aparecen, según el documento, en la mira del fiscal.
Se debe mencionar que el fiscal hace hincapié en Nava, de quien dice tiene vínculos con la constructora brasileña Odebrecht Perú Ingeniería y Construcciones SA, Petrobras, Vega Upaca SA y otras.
Todos ellos se encuentran comprendidos en la mira del fiscal Castellanos Jara en calidad de investigados y serán, oportunamente, citados ante el representante del Ministerio Público en el marco de una investigación que se amplió a 36 meses.
«Los presuntos testaferros que forman parte de grupos empresariales habrían utilizado sus empresas a efectos de que el dinero y activos de origen ilícito retornen al líder de la organización criminal -es decir, Alan García- en algún momento», indica la disposición del Ministerio Público.
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