Trujillo
Ante el peligro inminente de la llegada de posibles lluvias en el periodo 2017 – 2018, ayer la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a través del Decreto Supremo 108-2017, declaró el “Estado de Emergencia por 60 días en las regiones de Tumbes, La Libertad, Lambayeque, Áncash, Cajamarca e Ica, y en 145 distritos del departamento de Lima y tres distritos de la provincia Constitucional del Callao”.
Esta situación ha generado la reacción de las principales autoridades locales y regionales en esta parte del país y ha generado que el gobernador regional de La Libertad, Luis Valdez, cancele el viaje que tenía previsto del 15 al 19 de noviembre a la ciudad de Madrid, en España, donde iba invitado como ponente.
Cabe indicar que el pleno del Consejo Regional ya le había otorgado la licencia respectiva para el evento denominado “ConsulCon 17”.
Aunque ayer por la mañana el gobernador Luis Valdez refirió que estaba evaluando su viaje a España, por la tarde la Oficina de Imagen Institucional del gobierno regional confimó la cancelación del viaje.
Cabe indicar que el anunciado viaje ya había despertado algunas críticas, sobre todo al recordar lo ocurrido meses atrás, cuando también se le cuestionó por salir del país en plena emergencia.
¿QUÉ PERMITE?. Ahora bien, retomando el tema de la declaratoria del estado de emergencia en nuestra región, hay que precisar que esto permitirá que las autoridades de los pueblos afectados puedan atender con prontitud sus necesidades y se salten procesos de selección. Así, deberán ejecutar las acciones necesarias orientadas a la reducción del muy alto riesgo existente de lluvias, así como de respuesta y rehabilitación en caso amerite.
Todas estas acciones irán acompañadas de la coordinación técnica del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y de los ministerios de Agricultura, Transportes y Comunicaciones, Vivienda, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Comercio Exterior y Turismo, entre otros.
Las acciones pueden ser modificadas de acuerdo a las necesidades y elementos de seguridad que se vayan presentando durante su ejecución, sustentadas en los estudios técnicos de las entidades competentes, según indica la norma.
Finalmente, los gobiernos locales y regionales deberán rendir cuentas de todo lo gastado en las obras de prevención que realizaron durante la emergencia.
El estado de emergencia culminará el 14 de enero del 2018.
HABLA VALDEZ. Sobre la declaratoria de emergencia, el gobernador regional Luis Valdez manifestó que esta norma permitirá que se acorten los plazos para los procesos de licitación y la ejecución más rápida de obras.
“Esta es una forma efectiva de acelerar las cosas, dado que el Gobierno ya se dio cuenta que las normas que se aprobaron para esos procesos son bastante lentos, engorrosos, burocráticos; incluso he escuchado al Ministerio de Agricultura la propuesta que presentamos y lo habíamos informado, de reducir los tiempos porque son demasiado extensos”, detalló.
“LAVADA DE MANOS”. Por su parte, el alcalde de la provincia de Trujillo, Elidio Espinoza Quispe, calificó la declaratoria de emergencia como una “lavada de manos” por parte del Gobierno Central.
“Es una lavada de manos muy elegante del Gobierno Central, justo cuando en Trujillo estamos rehabilitando con los recursos de los trujillanos, estamos previniendo la gravedad de los hechos que puedan ocurrir, ahora sale este decreto que establece que los gobiernos locales y regionales ejecutemos acciones de prevención y de rehabilitación, pero no dicen que disponen una partida especial sabiendo que los gobiernos locales vivimos de los aportes de los ciudadanos”, remarcó.
Hay que recordar que la semana pasada el Comité de Operaciones y emergencia Provincial (COEP) convocó a una reunión a las autoridades locales para definir las acciones de prevención que se van a ejecutar, sin embargo los alcaldes distritales no se hicieron presente.
En esta reunión el jefe regional del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Hipólito Cruchaga Mercedes, informó que están realizando inspecciones en las quebradas junto a la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
“El lunes 6 se ha hecho una inspección a la quebrada El León y se ha empezado a colocar hitos con el personal de la ANA, el Ministerio Público y la municipalidad de Huanchaco para poder delimitar el cauce por donde pasa la quebrada, porque hay muchos que construyen en zonas que no son seguras”, detalló.
BIG BAG. Desde la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), el subgerente de Defensa Civil, Enrique Mendoza Urcia, informó que están a la espera de la cotización para la compra de Big Bag (bolsas grandes) que, acompañadas de arena, permitirán encauzar el agua de las lluvias y también de los huaicos ante una inundación. Esto reemplazaría a los sacos pequeños que muchas veces no cumplen con esa función.
CONTRALORÍA. Por su parte, la Contraloría General de la República y la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza firmaron un convenio de cooperación institucional para promover la participación ciudadana como veedores y monitores voluntarios en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado en la Reconstrucción con Cambios (RCC).
El acuerdo permitirá constituir mecanismos de coordinación y ejecutar actividades de capacitación y promoción de la colaboración de la ciudadanía de las regiones afectadas por el fenómeno El Niño Costero.
De igual forma, permitirá promover procesos de seguimiento concertado con la participación de representantes de las organizaciones del Estado y la sociedad civil de las mesas de concertación regionales, para acompañar los procesos de reconstrucción con cambios a nivel regional, provincial y distrital.
El convenio, que tendrá una vigencia de tres años, fue suscrito por el contralor Nelson Shack Yalta y el presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, Federico Arnillas Lafert.
Este es el tercer convenio firmado por la Contraloría con instituciones de la sociedad civil, en el marco del Plan de Control de la Reconstrucción con Cambios, a fin de contrarrestar actos de corrupción y negligencia en la administración pública, en especial en las obras que vienen desarrollándose.
Ya se han suscrito acuerdos con la Asociación Civil Transparencia y Proética, orientados a promover las políticas y acciones ciudadanas contra la corrupción.
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