Keiko Fujimori recibió aportes de una ONG no autorizada en EEUU

Lima

El fiscal José Domingo Pérez Gómez reveló ayer, en una audiencia realizada ante la jueza Elizabeth Arias Quispe, que el Departamento de Justicia de Estados Unidos le informó que un aporte enviado desde ese país para la campaña de Keiko Fujimori en 2016 no habría cumplido con la regulación electoral norteamericana.

“El día 13 de noviembre ha llegado al despacho fiscal, procedente de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional, la respuesta del Departamento de Justicia (de los EEUU) y que si bien está en inglés, a buena cuenta dice que probablemente (LVF Liberty Institute) no está autorizada a realizar aportes a campañas, ni a partidos políticos”, informó el fiscal.

La ONG Liberty Institute, creada en el paraíso fiscal de Delaware (EEUU) por el peruano Juan Carlos Luna Frisancho, vinculado a Jaime Yoshiyama, aportó 220.608,98 soles a Fuerza Popular, en las elecciones de 2016.

Individualmente, Luna Frisancho entregó otros 435 mil soles, entre las elecciones del 2011 y 2016, para la campaña de Keiko Fujimori.

El fiscal Pérez Gómez brindó esta información para sustentar por qué requiere hasta 36 meses para investigar los aportes a las campañas de Keiko Fujimori en los últimos procesos electorales.

Pérez también anunció que la Sala Penal de Apelaciones aprobó que Fujimori sea investigada bajo los alcances de la Ley Contra el Crimen Organizado. Agregó que la jueza Saida Pérez autorizó el levantamiento del secreto bancario y tributario de Fujimori y su esposo Mark Vito.

La magistrada Arias Quispe realizó la audiencia para evaluar un pedido del abogado de Fujimori, Edward García, para que se realice un control del plazo de la investigación fiscal. La defensa de la lideresa de Fuerza Popular señaló que esta investigación ya tiene 18 meses.

García enfatizó que la investigación se inició el 16 de marzo de 2016 y que la Fiscalía ya debe definir si la archiva o procede pasar a la siguiente etapa, la denuncia o formalización de investigación preparatoria. Aseveró que el caso se adecuó a la Ley de Crimen Organizado solo para tener más tiempo.

Luego de escuchar a ambas partes, la jueza Elizabeth Arias solicitó a la Fiscalía revisar todo el expediente de este caso para tomar una decisión, la cual comunicará en los próximo días.

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