Sin esperar la respuesta clave de la Administración para el Control de las Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), que cuenta con el testimonio relevante del informante Jesús Francisco Vásquez sobre el origen del financiamiento de la campaña presidencial de Fuerza Popular en 2016, la fiscal de lavado de activos, Sara Vidal Vargas, archivó la investigación seguida a la ex candidata presidencial Keiko Fujimori, al ex secretario general fujimorista Joaquín Ramírez y a miembros de su familia.
En un documento de 236 páginas –al que tuvo acceso La República–, en el que la fiscal Vidal hace un registro minucioso de las diligencias que hizo y de los pobres resultados que obtuvo, concluyó que al no haber conseguido determinar que Fujimori, Ramírez y el resto de investigados cometieron delitos, no es posible acusarlos de lavado de activos.
En la lógica de la fiscal, para denunciar penalmente a los sospechosos primero se debe probar, o reunir suficientes indicios, de un denominado “delito fuente”, o “delito precedente”, de cuya comisión fluyeron los fondos ilícitos que luego fueron “lavados”.
La hipótesis del caso que indagó la fiscal Sara Vidal se basaba en las declaraciones del testigo de la DEA, Jesús Francisco Vásquez, quien alegó que Ramírez le relató que había entregado 5 millones de dólares a Keiko Fujimori para financiar la campaña presidencial 2016. El dinero presumiblemente provenía de las supuestas actividades ilícitas de Miguel Arévalo Ramírez. El nexo entre Joaquín Ramírez y Arévalo, de acuerdo con la misma versión, fue su tío Fidel Ramírez Prado, fundador de la Universidad Alas Peruanas.
De modo que era primordial que la fiscal Vidal corroborara la manifestación de Vásquez, por lo que el 16 de febrero del 2016 solicitó a la DEA “información sobre si existen investigaciones contra Fidel Ramírez Prado, Maribel Ramírez Gallegos (hija del anterior), Rosa Castañeda Cubas (esposa de Joaquín Ramírez), Osías Ramírez Gamarra (hermano de Joaquín) y Joaquín Ramírez Gamarra; así como si Jesús Francisco Vásquez viene participando como testigo en dicha investigación”. Al día siguiente, 17 de mayo, escribió otro pedido a la DEA: “Remitir el audio y/o copia del mismo de la supuesta grabación a Joaquín Ramírez”. En ambos casos, la fiscal reportó que “nunca se recibió respuesta”.
Investigación al paso
Fuentes del Ministerio Público que conocen de la tramitación de la solicitud de información a organismos estatales, judiciales, fiscales y policiales de Estados Unidos señalaron que el conducto regular es la cooperación internacional, a la que aparentemente no recurrió la fiscal Sara Vidal, porque no lo consigna en su resolución.
Pero las fuentes también dijeron que cualquiera sabe que cuando está en curso una investigación, en particular si se trata de casos donde existe el secretismo –como sucede con la DEA, el FBI, la CIA, la NSA, la ATF y otros–, las autoridades norteamericanas frecuentemente no suministran nada.
Pero la fiscal no vio nada. Tampoco vio nada en el caso de Keiko Fujimori. No obstante que no recibió el informe de la DEA, concluyó en lo siguiente: “No se ha encontrado vinculaciones de la investigada con actividades ilícitas como el delito de narcotráfico o delito tributario, siendo que el dicho esbozado (por el testigo de la DEA) en el sentido de que le habría entregado 15 millones de dólares a Joaquín Ramírez para que los lave, no se ha corroborado con ningún elemento, constituyendo solo una simple versión”.
Datos
Una de las conclusiones más sorprendentes de la fiscal Sara Vidal es que, como Keiko Fujimori no cuenta con ninguna propiedad inmobiliaria a su nombre, no es sospechosa del delito de lavado de activos.
La fiscal pasa por alto una de las modalidades más comunes de los lavadores de activos, que es el usar a otras personas o empresas de fachada, por lo que debió indagar mucho más.
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