Controversia. Autoridades judiciales buscarán uniformar criterios para los procesos en materia de lavado de activos, a solicitud del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez.
La Corte Suprema de Justicia realizará un pleno casatorio para uniformar los criterios en la investigación y juzgamiento de los casos de lavado de activos, tal como lo pidió el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde.
El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez Tineo, encargó al presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, juez supremo César San Martín Castro, coordinar la realización de este evento.
Rodríguez Tineo subrayó que el numeral 4 del artículo 433 del actual Código Procesal Penal establece que, a solicitud del Ministerio Público o de la Defensoría del Pueblo, “obligatoriamente se reunirá el Pleno Casatorio de los Jueces en lo Penal de la Corte Suprema”.
La propuesta del pleno casatorio surge como consecuencia de la sentencia de Casación N° 92-2017-Arequipa, de fecha 08 de agosto de 2017, emitida por la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, la cual ha sido observada por el Ministerio Público.
En el pleno casatorio se reunirán los jueces integrantes de las tres salas penales de la Corte Suprema, la penal permanente que preside César San Martín, la primera suprema transitoria, presidida por José Luis Lecaros Cornejo, y la Segunda Penal Transitoria, a cargo de César Hinostroza.
La decisión que tomen todos los jueces de las salas penales tendrá carácter vinculante y de obligatorio cumplimiento para todos los órganos jurisdiccionales del país, que tendrán que resolver futuros juicios por lavado de activos.
Preocupación
El fiscal supraprovincial del Equipo Especial del Ministerio Público para el caso ‘Lava Jato’, Marcial Páucar Chappa, expresó ayer su preocupación por el reciente fallo de la Corte Suprema sobre los casos de lavado de activos.
Según advirtió, esta decisión judicial genera un “cuadro de impunidad muy grave”, razón por la cual alertó sobre las graves consecuencias que podrían generarse en el sistema de justicia peruano.
El fiscal enfatizó que el fallo de la Corte Suprema pone en peligro casos emblemáticos como el de los Sánchez Paredes, que ya está en etapa de juicio oral; lo mismo que el caso del Clan Orellana e incluso los procesos vinculados a las empresas brasileñas.
“Las repercusiones serán gravísimas ante la posibilidad de que se declaren fundadas posibles acciones de improcedencia contra varios casos emblemáticos de lavado de activos”, aseveró.
El Congreso se pronuncia
Los miembros de la Comisión de Justicia del Congreso, que preside Alberto de Belaunde también expresaron su preocupación por la casación 092-2017 de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, al considerar que se trata de una «amenaza» en la persecución de los delitos de lavado de activos.
Esta medida «generaría el incumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano», advirtieron.
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