Dos ex funcionarias de la MPT serán sometidas a juicio oral por pago irregular a publicista

Se trata de María Pérez Orbegoso y Giuliana Tirado, ambas exjefas de la administración municipal
Se trata de María Pérez Orbegoso y Giuliana Tirado, ambas exjefas de la administración municipal

 

Trujillo

El Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de La Libertad resolvió pasar a juicio oral a María Pérez Orbegoso y Giuliana Tirado García, dos exfuncionarias de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) durante la gestión de César Acuña Peralta. A las dos se les acusa de colusión agravada.

En el fallo judicial también ha sido comprendido, como un supuesto cómplice primario, Alejandro Cortez Soloeche, un publicista a quien se le habría cancelado irregularmente S/53,000 por la elaboración de un spot que tenía que ser difundido en diferentes medios de comunicación.

PRISIÓN. La Fiscalía requiere para María Pérez Orbegoso, Giuliana Tirado y Alejandro Cortez Soloeche nueve años de pena privativa de su libertad y su inhabilitación para ocupar algún cargo o función pública.

Además de ello, el Ministerio Público ha solicitado se imponga a los acusados el monto de S/ 100,000 como reparación civil, dinero que tendrían que pagarlo de forma solidaria.

El caso se remonta al año 2013, cuando María Pérez Orbegoso se desempeñaba como jefa de Imagen de la MPT y Giuliana Tirado en el área de Contrataciones. Actualmente, esta última ocupa el mismo cargo, pero en el Gobierno Regional de La Libertad, que encabeza Luis Valdez Farías, de las filas de APP.

La Fiscalía sostiene en su hipótesis que ambas funcionarias habrían vulnerado las normativas de contrataciones y supuestamente pagaron de forma irregular S/53,000 al publicista Alejandro Cortez.

Ocurre que lejos de convocar a una selección de adjudicación del servicio, desde el área de Imagen se le habría contratado a Alejandro Cortez y para poder pagarle ese monto se fraccionó en seis cuotas su remuneración. Pero, lo curioso del hecho es que las órdenes de servicios fueron emitidas un mismo día (3 de abril 2013).

La gerencia de Imagen solo puede disponer de S/11,000 para pagar este tipo de servicios, por lo que la Fiscalía considera que hubo irregularidades para pagarle al publicista, hoy considerado cómplice.

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