Lima
Ha comenzado. Desde algún lugar de España, el ex presidente Alan García ha dicho que se somete a la investigación del Ministerio Público, pero en Lima sus defensores legales y políticos evalúan todas las alternativas asimismo legales que le eviten el esfuerzo.
En la gesta están comprometidos, además de los doctores Genaro Vélez y Erasmo Reyna, la mayoría de los letrados del resto de personajes comprometidos en la investigación fiscal por presunto lavado de activos y asociación ilícita.
Empapelar al fiscal
Así, al cabo de unos días presentaron una queja o denuncia contra el fiscal Castellanos por presunto delito de prevaricato ante la Fiscalía Superior de Control Interno del Ministerio Público en Lima.
En declaraciones a la prensa, Reyna alegó que el fiscal incurrió en faltas muy graves al emitir un dictamen fiscal, afectando derechos fundamentales, la fundamentación de las decisiones y la dignidad de las personas.
Pero eso no resultó suficiente. Una investigación funcional a un fiscal suele demorar más que el proceso penal mismo. Al final, si se logra una sanción, el fiscal es cambiado y la investigación continúa a cargo de otro magistrado.
Entonces, de acuerdo con diversas fuentes, se sucedieron una serie de reuniones en diversos despachos para evaluar y decidir el siguiente paso. Las propuestas fueron diversas.
Amparo
Entre las nuevas acciones se evalúa presentar acciones de amparo o hábeas corpus en juzgados del norte del país o donde el Apra todavía tuviera ascendencia, o incluso pedir una nueva intervención del juez Hugo Velásquez Zavaleta, del Quinto Juzgado Constitucional de Lima.
Hugo Velásquez fue el magistrado que, vía una acción de amparo, paralizó el trabajo de la megacomisión que en el anterior Parlamento buscó investigar a García.
El juez Velásquez declaró ilegal la actuación del Congreso, al considerar que García fue citado a declarar sin informarle con precisión y detalle los hechos y los ilícitos penales por los que era investigado.
Velásquez podría intervenir en ejecución de sentencia, revisar la disposición del fiscal Castellanos y determinar que, refiriéndose a hechos tratados por la Megacomisión, la fiscalía ya no puede investigar.
Pero esta posibilidad se descartó. La disposición del fiscal Castellanos es demasiado meticulosa y detallista sobre los motivos por los cuales se investiga con la Ley de Crimen Organizado. Su intervención habría sido descartada.
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