Lima
Solo con votos de congresistas de Fuerza Popular, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró ayer procedente la denuncia contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, presentada por los legisladores Daniel Salaverry y Yeni Vilcatoma.
Ambos legisladores lo acusan de infringir la Constitución por presunta omisión de funciones en el caso Lava Jato.
Según argumentan, Sánchez permitió que las empresas consorciadas con Odebrecht en el Perú no sean incluidas en las investigaciones que realiza el Ministerio Público por presuntos pagos de sobornos en megaproyectos.
Las denuncias de Salaverry y Vilcatoma fueron unificadas por la subcomisión y aprobada con nueve votos a favor, cinco en contra y una abstención.
Dieron su respaldo los fujimoristas Maritza García, Percy Alcalá, Yesenia Ponce, Karina Beteta, Wuilian Monterola, Héctor Becerril, Rolando Reátegui, César Segura y Milagros Takayama.
Se opusieron Marisol Espinoza (Alianza para el Progreso); Gino Costa y Juan Sheput (Peruanos por el Kambio); Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular); y Reymundo Lapa (Frente Amplio).
El único que se abstuvo fue el legislador Javier Velásquez (Apra).
En el debate previo a la votación, la congresista Espinoza aseguró que la denuncia contra Sánchez es una represalia contra el Ministerio Público por investigar a líderes políticos.
Por su parte, Sheput –de la bancada oficialista– consideró “lamentable que nuevamente esté en riesgo la institucionalidad (del Ministerio Público)”, en referencia a la década del 90’, cuando el régimen de Alberto Fujimori tuvo como aliada a la ex fiscal de la Nación Blanca Nélida Colán.
“El fujimorismo le ha dado un golpe a la institucionalidad. Hay un propósito político de querer sacar del camino al fiscal de la Nación”, declaró luego en conferencia de prensa de Peruanos por el Kambio.
Minigolpe de estado
“¿Qué infracción a la Constitución cometió el fiscal de la Nación?”, preguntaron los congresistas de todas las bancadas a sus pares fujimoristas.
La consulta no fue resuelta por los legisladores Héctor Becerril y Karina Beteta, quienes asumieron un papel activo en defensa de la acusación.
Los legisladores que se opusieron a la denuncia recordaron que Sánchez y el fiscal Hamilton Castro ya informaron que el Ministerio Público incluye en sus investigaciones a las socias de Odebrecht.
Incluso, Velásquez Quesquén explicó a sus colegas fujimoristas que la denuncia es inviable.
Luego de la sesión, la bancada Nuevo Perú también dio una conferencia de prensa para mostrar su rechazo a la decisión del fujimorismo y lo tildó de “minigolpe de Estado”.
“Lo que ha pasado es grave. En el debate quedó claro que la denuncia era improcedente y viola el principio básico de nuestra democracia: la separación de poderes”, dijo Marisa Glave.
Con esa postura coincidió el abogado constitucionalista Samuel Abad.
“La denuncia es totalmente improcedente. Asume que el Congreso puede afectar la autonomía de una institución”, explicó a La República.
“La investigación (del caso Lava Jato) le corresponde al Ministerio Público. El Congreso no puede indicarle cómo debe actuar”, agregó.
Pese a todo, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó solicitar a la Comisión Permanente del Congreso el otorgamiento del plazo investigatorio para continuar con este caso.
Sin embargo, al fujimorismo no le alcanzaría para sancionar a Pablo Sánchez, ya que para ello se necesitará 87 votos en el Pleno del Congreso, y su bancada cuenta con 71 parlamentarios.
DATOS
-Otra acusación. La congresista Yeni Vilcatoma presentó una denuncia penal contra el fiscal de lavado de activos, Hamilton Castro, quien está a cargo del equipo de trabajo que investiga el caso Lava Jato.
-Presuntos delitos. La parlamentaria asegura que Castro cometió el delito de encubrimiento personal.
Sánchez: “Sobrepasaron el orden constitucional”
-El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, aseguró que la decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales carece de fundamentos y responde a la intención del fujimorismo de sacarlo del cargo. Por ello, anunció que tomará acciones legales para defenderse.
-“Es una decisión que traspasa el orden Constitucional y democrático de un Estado de derecho (…) Me quieren sacar por defender la institucionalidad, por defender la autonomía del Ministerio Público y por la lucha contra la corrupción. Pero no podrán. No estoy solo”, dijo.
-“Estoy seguro de que se demostrará que no hay ninguna fundamentación jurídica (en las denuncias). Como ciudadano me indigna esta prepotencia, pero tomaré las acciones legales que corresponden”, agregó.
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