Lima
Las empresas Graña y Montero y Enagás firmaron una serie de acuerdos legales con su socia Odebrecht que le permitirá recuperar todas sus inversiones en el proyecto gasoducto sur y esquivar el pago total de la deuda que mantiene el consorcio Constructor Ductos del Sur (CCDS) con sus principales proveedores, de aproximadamente 200 millones de dólares.
Graña y Montero y Enagás–empresas que niegan estar involucradas en los casos de corrupción de Odebrecht– tendrán la sartén por el mango cuando se reparta el dinero de la venta de los bienes de la concesión del gasoducto sur, a cargo del Estado, gracias a un fideicomiso y a un acuerdo de cesión de derechos que hasta hoy solo eran conocidos por empresarios y funcionarios vinculados directamente al proyecto.
La cadena de alianzas, acuerdos, adendas y fideicomisos entre las tres socias se inició en junio de 2014, cuando Odebrecht y Enagás ganaron la buena pro para la construcción de esa obra con una propuesta económica de 7.328 millones de dólares. A ellas se unió Graña y Montero, que obtuvo el 20 % de las acciones del consorcio GSP.
Solo dos meses después de que el Estado le entregara a GSP la concesión del megaproyecto, que consiste en diseñar, construir y operar un sistema de ductos en el sur del país, el consorcio liderado por Odebrecht obtuvo un crédito financiero de 600 millones de dólares.
Con ese dinero, GSP contrató al consorcio CCDS, conformado por las mismas Odebrecht y Graña y Montero, para que construya el sistema de ductos.
Mientras GSP le pagaba a CCDS por encargarse de la construcción, esta última subcontrató a otras empresas para que construyan varios kilómetros del gasoducto, como SICIM Perú, Elecnor Perú y Conduto Perú. Con ellas se endeudó.
El dinero queda en casa
Parte del dinero que GSP (Odebrecht, Enagás y Graña y Montero) le pagaba a CCDS (Odebrecht y Graña y Montero) servía para que cumpliera con los pagos a SICIM, Elecnor y Conduto.
Pero el efectivo dejó de fluir tras el escándalo de corrupción en el que se encontró Odebrecht, debido a que los bancos optaron por no seguir financiando el proyecto.
En medio de problemas judiciales y económicos, Odebrecht se comprometió con Graña y Montero y Enagás a cederles sus créditos frente al consorcio GSP.
Por su parte, Enagás y Graña y Montero aceptaron inyectar más capital con la finalidad de mantener a flote el proyecto gasoducto sur.
De esta manera, Odebrecht (con mayoría accionaria en GSP y CCDS sobre el papel), quedó en deuda con Graña y Montero y Enagás.
La compañía brasileña pasó de ser el socio poderoso e influyente a convertirse en el patito feo de las tres empresas consorciadas.
El acuerdo también le garantizaba a Graña y Montero y Enagás la retención del dinero que llegaría a CCDS si el Estado le quitaba la concesión al consorcio GSP y vendía todos los bienes del proyecto, tal como viene ocurriendo.
Estos acuerdos entre los socios de GSP para quedarse con gran parte del botín ante cualquier escenario se encuentran documentados y permitirán romper la cadena de pagos que el Decreto de Urgencia 003-2017 pretendía garantizar, según reconocieron a La República fuentes cercanas a GSP que pidieron mantener sus nombres en reserva.
«Cuando el Estado venda los bienes del proyecto se quedará con parte del dinero para pagarle a la Sunat y a los bancos. El resto se lo dará al consorcio GSP, que a su vez le pagará al CCDS, consorcio que debería hacer fluir el dinero para que llegue a los proveedores. Pero esa cadena de pagos se rompe con el contrato de cesión (de derechos)», explicaron.
Es decir, el dinero que GSP pague a CCDS volverá a las arcas de dos de los socios de GSP, Graña y Montero y Enagás.
Pagar solo el 29%
Consultada por este diario, Graña y Montero reconoció la existencia del fideicomiso entre Odebrecht, Enagás y Graña y argumentó que este se generó cuando los bancos pidieron al consorcio GSP una serie de garantías adicionales para extenderle el plazo de las cuentas por cobrar.
La cuenta pendiente se trataba del primer crédito financiero de 600 millones de dólares, denominado crédito puente, que cinco bancos le dieron a GSP para que inicie el proyecto, con la promesa de un crédito posterior que, por diferentes razones, nunca se concretó.
Graña y Montero informó de manera oficial que tiene la intención de pagarle a las proveedoras del consorcio CCDS, pero solamente «por el 29% que corresponde a su participación».
La empresa constructora socia de Odebrecht en el Perú también aseguró que los acuerdos con las empresas locales proveedoras se realizarán sin perjuicio «de la existencia de fideicomisos u otras garantías que pudieran existir».
Fuente: La Republica
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