Para los integrantes de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República, las explicaciones que ofreció ayer el alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Elidio Espinoza Quispe, sobre el contrato e implementación del Sistema Único de Recaudo Electrónico en las empresas de transporte público, han generado una serie de dudas que merecen ser investigadas por la Contraloría General de la República.
Del mismo modo, Daniel Salaverry Villa, integrante de este grupo parlamentario, informó que se solicitará al plemo del Congreso se le otorgue a la Comisión de Transportes facultades investigadoras para que, paralelamente, también realicen pesquisas en este contrato que ha firmado la MPT y la empresa Recaudo Trujillo SAC, la misma que fue creada por Graña y Montero, para implementar este sistema.
CUESTIONAMIENTOS. Según lo explicado por Daniel Salaverry, la MPT a través del gerente de Transporte Metropolitano de Trujillo (TMT) y la empresa Graña y Montero modificaron de forma “ilegal” el contrato de concesión sin respetar el decreto N°1224, que obliga a las instituciones del Estado a solicitar informes del Ministerio de Economía y Finanzas, e incluso de la Contraloría, antes de realizar cualquier modificación contractual.
“Ellos dicen que han firmado un acta ampliando el plazo por seis meses, para que la empresa Graña y Montero pueda adherir al 50% de transportistas al sistema de recaudo electrónico; pero no es un acta, es una adenda para favorecer a empresarios”, indicó Daniel Salaverry.
Sobre este punto, Elidio Espinoza reveló que dicha acta no fue firmada por él, sino por el gerente del TMT, Carlos Cipriano.
Además, señaló que confía en sus funcionarios y que este proyecto solo busca modernizar el transporte en Trujillo y mejorar el servicio para la ciudadanía.
Dejar una contestacion