Lima
Hasta donde sabemos por las filtraciones de colaboración eficaz en Brasil, no hay nada que confirme y, menos, pruebe por ahora la responsabilidad de Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski o Alan García en la entrega de dinero de Odebrecht a sus campañas electorales.
Tampoco hay la seguridad de que sobre estos casos conozcamos la versión completa de Marcelo Odebrecht ante fiscales peruanos ni que Jorge Barata, su ex lugarteniente en Lima, vaya a entrar en los esperados detalles de tales declaraciones.
La colaboración eficaz de Odebrecht en Brasil tiene cláusulas doradas. La colaboración eficaz de Barata en Lima está en un oscuro entredicho fiscal-judicial que, en cierta forma, la anula.
Barata podría terminar siendo fuente de toda la verdad o de ninguna, en tanto no existan más que sus palabras contra las de Odebrecht, y las de Fujimori, Kuczynski y García.
Lo que salta a la vista en este punto muerto de acusaciones y negaciones sin desenlaces relevantes es que dos de los principales blancos del coletazo corruptor de Odebrecht, el presidente Kuczynski y la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ostentadores del mayor poder ejecutivo y del mayor poder indirecto legislativo, respectivamente, muestren una clamorosa debilidad en sus mecanismos de defensa legal y política.
Mario Ghibellini alude precisamente en su columna de Somos (18/11/17) al problema de Kuczynski de no hacer caso a sus consejeros y al de Keiko, prestarles oídos a los suyos. Claro, en el sentido de que ambos acaban, frecuentemente y por actos propios, contra las cuerdas.
En términos de la estabilidad del país, el problema mayor de Kuczynski y Keiko es que toda mala defensa legal y política de ambos afectará gravemente, de un lado, la institución presidencial (ya hace tiempo que el mandatario debió haber deslindado de Odebrecht punto por punto) y, de otro lado, la representación legislativa (donde el fujimorismo tiene una indiscutible mayoría que no sabe marcar distancias políticas apropiadas).
Reconocemos el derecho a la presunción de inocencia de Kuczynskiy Keiko, pero en su defensa legal y política ninguno tiene derecho a arrastrar a las instituciones en las que ejercen poder al riesgo de que estas pierdan credibilidad y prestigio por ellos.
Junto con la amenaza de destitución de cuatro miembros del Tribunal Constitucional, la acusación constitucional contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, podría llevarnos al comienzo de una nueva peligrosa espiral autoritaria fujimorista de imprevisibles consecuencias.
Es hora de que Keiko Fujimori se escuche más a sí misma a la luz de sus sinceras promesas democráticas antes de ceder a la ansiedad y vehemencia de quienes creen, en su entorno, que la mejor defensa no es su integridad personal y política, sino el momentáneo poder legislativo que los votos le dieron en las elecciones del 2016.
En lugar de romper lanzas contra adversarios políticos y medios críticos, Keiko Fujimori debería hacerlo contra la ansiedad y vehemencia de sus mejores consejeros, que la están privando de su futuro político.
Fuente: ECP
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