El Ministerio Público investigará a los burgomaestres por presuntos delitos de omisión de funciones y contra la vida.
Trujillo. Seis meses y medio después de que las aguas provenientes de las quebradas San Ildefonso y El León destruyeran sus viviendas y dejaran a miles de ciudadanos en el más completo desamparo, el Ministerio Público decidió abrir una investigación contra los burgomaestres de las zonas afectadas, por los presuntos delitos de omisión de funciones y contra la vida, el cuerpo y la salud.
Ello, debido a que hasta hoy más de 500 familias liberteñas (unas 2 mil 500 personas entre mujeres, niños y ancianos) siguen viviendo en carpas—a merced del frío implacable, completo hacinamiento y sin servicios básicos de agua, luz o alcantarillado—porque los burgomaestres no cumplen con habilitar los terrenos en donde hace tiempo se debieron levantar las mil casas temporales donadas por el Ministerio de Vivienda y que, por aparente desidia edil, siguen empolvándose en el almacén del Proyecto Especial Chavimochic (Pech).
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