La Fiscalía solicita 18 meses de encierro preventivo para implicados que, según Jorge Barata, sabían de coimas que se pagaron por la Interoceánica Sur.
Además de una investigación preliminar por las coimas que Odebrecht admitió pagar a cambio de la adjudicación de la Interoceánica Sur, los representantes de las empresas peruanas que se asociaron con la constructora brasileña también pueden enfrentar 18 meses de prisión preventiva.
El equipo especial del Ministerio Público para el caso “Lava Jato” solicitó al Poder Judicial (PJ) tal medida para José Alejandro Graña Miró Quesada, Gonzalo Ferraro Rey y Hernando Alejandro Graña Acuña, exdirectivos de Graña y Montero (GyM).
Lo mismo hizo en el caso de los todavía ejecutivos Fernando Martín Gonzalo Camet Piccone, de J.J. Camet Contratistas Generales, y José Fernando Castillo Dibós, parte de Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA).
El pedido, que se presentó ayer, refiere que la medida busca asegurar la presencia de los cinco representantes durante la investigación preparatoria por los presuntos delitos de colusión agravada y lavado de activos en agravio del Estado.
Como se sabe, se incluyó a los cinco empresarios en la pesquisa por la adjudicación de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica Sur luego de que el equipo especial “Lava Jato”, que lidera Hamilton Castro, corroborase la declaraciones de Jorge Simoes Barata, exrepresentante de Odebrecht en el Perú, quien afirmó que las compañías que entonces eran sus socias sabían del millonario soborno -20 millones de dólares- que se pagó por dicha megaobra.
“De acuerdo con los indicios corroborados, dichos empresarios, en su condición de altos directivos de las empresas Graña y Montero, J.J. Camet e ICCGSA, habrían defraudado al Estado al concertarse con el expresidente de la República, Alejandro Toledo, de tal modo que resultaron beneficiadas con el otorgamiento de la buena pro”, cita una nota de prensa de la Fiscalía.
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