El Estado español pasó otra vez a la ofensiva, tras la violenta jornada del domingo, en la que se realizó un referéndum por la independencia de Cataluña. Esta vez fue el Tribunal Constitucional español que suspendió al Pleno del Parlamento regional catalán anunciado para este lunes en el que se esperaba una declaración unilateral de independencia.
En su dictamen, el máximo tribunal español argumentó que si se declara la independencia se produciría un “quebrantamiento de la Constitución” y una “aniquilación” de los derechos de los diputados.
El presidente del Govern de la Generalitat –el gobierno regional de Cataluña–, Carles Puigdemont, había anunciado que la declaración de independencia se realizaría “en cuestión de días”.
Puigdemont iba a comparecer el lunes ante el Pleno para valorar los resultados y los efectos del referéndum independentista del 1 de octubre, que el Tribunal Constitucional ya había declarado como ilegal.
Aunque en el único punto de la sesión no se menciona la declaración de independencia, la CUP, grupo independentista radical que apoya a la coalición de gobierno Junts pel Sí (JxSí) integrada por el centroderecha (PDeCat) y republicanos de izquierda (ERC), aseguró que se proclamaría la república catalana.
La suspensión del Pleno se produjo después de que el alto tribunal admitiera el recurso presentad por el Partido Socialista de Cataluña (PSC).
El PSC afirma en su recurso que “pretender que la citada ley surta efecto supondría un quebrantamiento radical del ordenamiento constitucional”.
Desafíos de Rajoy
El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, había pedido al gobierno catalán que renuncie a la declaración unilateral de independencia para evitar “males mayores”.
Según expertos consultados, España se encuentra ahora ante un desafío institucional sin precedentes. En este contexto excepcional utilizar el artículo 155 de la Constitución podría ser una de las avenidas jurídicas que el gobierno español podría tomar.
¿Qué dice el artículo 155 con el que el gobierno español podría intervenir en Cataluña para “obligarla” a cumplir con la Constitución? El artículo 155 le daría poder al gobierno central para adoptar “las medidas necesarias” para forzar a esa comunidad a cumplir con las obligaciones constitucionales.
Rechazo al diálogo
La decisión del Constitucional tuvo la rápida respuesta de la presidenta del Parlamento regional, la independentista Carme Forcadell, quien la interpretó como un “rechazo” a la oferta de “diálogo” realizada por una parte del independentismo catalán, en referencia a la disposición de Puigdemont a dialogar.
Una posibilidad que no entra en los planes del presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, quien hoy aseguró que la unidad de España no puede “ser objeto de ninguna mediación ni de ninguna negociación”.
“La mejor solución, y creo que eso lo compartimos todos, es la vuelta a la legalidad, que es que todas aquellas personas y gobernantes que han decidido por su cuenta y riesgo liquidar la ley y situarse fuera de ella, vuelvan a la legalidad”, apuntó el jefe del Ejecutivo español.
Dejar una contestacion