La Sala Penal Nacional y el Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios -órganos jurisdiccionales del Poder Judicial- se encuentran enfrascados en una disputa de competencias para investigar algunos de los procesos vinculados al caso “Lava Jato”, lo que podría afectar, a la larga, la lucha anticorrupción.
El punto de desencuentro fue la creación del estatuto de la Sala Penal Nacional que definió sus atribuciones. Ahora se encargará de los casos de terrorismo, violación de derechos humanos, asesinatos, agresiones a periodistas y crimen organizado. Así, exceptúa los delitos vinculados a la administración pública.
De esta forma, las investigaciones relacionadas a las constructoras brasileñas como Odebrecht, OAS y Camargo y Correa, entre otras, pasarán obligatoriamente al Sistema Nacional Anticorrupción, encabezada por la jueza superior Susana Castañeda Otsu.
Ayer, el juez Richard Concepción Carhuancho decidió no acatar el Estatuto de la Sala Penal Nacional.
En audiencia pública realizada en la SPN, el magistrado tomó esta decisión, tras rechazar un recurso de la defensa del exministro Aurelio Pastor para que se inhiba de la investigación por el delito de lavado de activos, en razón a la creación de dicho estatuto, creado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial mediante resolución administrativa, el máximo órgano de este poder del Estado.
Concepción Carhuancho explicó que los casos vinculados a Odebrecht han sido vistos por la Sala Penal desde antes de la creación del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que entró en vigencia el 31 de marzo pasado.
En ese sentido, dijo que el traslado de expedientes vinculados a “Lava Jato” a dicho sistema podría afectar la celeridad de los casos.
De esta manera, el magistrado declaró infundado el pedido del abogado César Nakazaki, defensa de Pastor, quien es investigado junto al expresidente Alan García por formar parte de una red criminal dedicada al lavado de activos.
No obstante, Nakazaki impugnó lo resuelto por el juez y será una sala de apelaciones la que decidirá el futuro de este caso.
Ayer Concepción señaló que la resolución administrativa “es para mí una pérdida de confianza y para todos los magistrados de la Sala Penal Nacional. Pero además veo un trato discriminatorio”.
La resolución administrativa 325-2017-CE-PJ coloca a la Sala Penal Nacional con rango de competencia de Corte Superior de Justicia, con jueces que serán nombrados por el Consejo Nacional de la Magistratura próximamente.
Es decir, los jueces, que conforman la SPN, como Concepción Carhuancho -quien dictó prisión preventiva a los expresidentes Alejandro Toledo y Ollanta Humala- deberán dejar su plazas y retornar a su lugar de origen en caso no quieran postular al CNM para ser nombrados en dicha jurisdicción.
Cabe recordar que este problema de competencias no es de ahora: en abril pasado, la Primera Sala de Apelaciones Nacional decidió quedarse con la investigación contra el expresidente Alejandro Toledo por presuntamente recibir coimas de Odebrecht, pese a que ya existía el nuevo sistema anticorrupción.
Desde esa fecha se generaron ciertos recelos entre ambos sistemas.
En la actualidad, este sistema, cuya coordinadora es la jueza anticorrupción Susana Castañeda Otsu, ve casos no tan sonados vinculados a las empresas brasileñas como el del exgobernador de Cusco, Jorge Acurio Tito, o el del expresidente regional, César Álvarez.
Tras esta decisión, el Poder Judicial envió una nota de prensa señalando que los jueces de la Sala Penal Nacional no se moverán de su cargo de inmediato y que el estatuto fue elaborado por la Comisión Especial de Presidentes de las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia y un miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, designada el último 26 de abril.
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