AFP
La petrolera estatal PDVSA, sostén de la deprimida economía de Venezuela, fue declarada este jueves en default por tenedores de bonos en Nueva York, una decisión que estrecha el cerco financiero sobre el país. Un comité de la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA) –que reúne a acreedores– resolvió que PDVSA se encuentra en “un default de pagos” de sus títulos de deuda, por tres retrasos en sus pagos.
Esa evaluación de ISDA abre el camino para activar los seguros por incumplimiento de crédito (Credit Default Swaps) contratados por los acreedores. La decisión fue tomada un día después de que PDVSA confirmó que realizó “con éxito” el pago de esas tres obligaciones: los bonos 2017 y 2020, por 1.169 millones y 842 millones de dólares, respectivamente, y el cupón de 2027 que venció el pasado viernes, por 81 millones.
El ISDA, que celebró cuatro reuniones en estos días para adoptar la medida, decidió convocar a otra cita el lunes a fin de “continuar las discusiones” sobre este caso.
La decisión de ISDA va en la misma línea de las agencias calificadoras S&P Global Ratings y Fitch, que declararon esta semana a Venezuela y PDVSA en default parcial, por el retraso de varios pagos de capital e intereses de la deuda soberana y de la compañía.
Los títulos de la petrolera representan 30% de la deuda externa venezolana, estimada en unos 150.000 millones de dólares, que el presidente Nicolás Maduro busca refinanciar.
Corazón de la economía
PDVSA es el corazón de la economía venezolana, al generar 96% de las divisas, por lo que un default agravaría la profunda crisis, con cuatro años de recesión (36%) y en una espiral hiperinflacionaria.
Además de correr el riesgo de quedarse fuera de los mercados y de enfrentar litigios, PDVSA podría sufrir el posible embargo de activos en el extranjero, como CITGO, su filial en Estados Unidos, que posee tres refinerías y tres oleoductos. “Un default no solo afecta al gobierno, sino también a la población, puede ser infinitamente peor, estamos hablando de un pueblo frágil”, aseguró el economista Luis Vicente León.
La crisis del país con las mayores reservas petroleras del mundo se agravó con la caída de los precios del crudo a partir de 2014, y se caracteriza por una severa escasez de alimentos, medicinas e insumos industriales.
PDVSA llegó a ser una de las cinco mayores petroleras del mundo, pero actualmente produce 1,9 millones de barriles diarios (mbd), frente a 3,2 mbd de 2008.
Pagador en duda
La resolución de ISDA se produjo al día siguiente de que el gobierno de Maduro recibió un pequeño respiro de su aliado Rusia, que reestructuró unos 3.000 millones de los casi 9.000 millones de dólares que le adeuda Venezuela.
Con reservas internacionales de 9.681 millones de dólares, Venezuela debe pagar en lo que resta del año unos 1.470 millones de dólares y en 2018 más de 8.000 millones, por lo que expertos no descartan que caiga en un default total.
No obstante, el gobierno asegura que es “buen pagador” y que, pese a las resoluciones de las calificadoras, va “a pagar en común acuerdo con los tenedores de los bonos”, dijo el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez.
Según los expertos y las agencias calificadoras, las sanciones de Estados Unidos complicarán las discusiones con los acreedores, pues un 70% son estadounidenses o canadienses.❧
Exigencias
-Maduro dijo que en la nueva ronda de diálogo en Santo Domingo, el 1 y 2 de diciembre, su principal demanda será que la oposición inicie una campaña para que se levanten las sanciones.
-Estimó que el proceso de diálogo durará un año y su Gobierno trabajará para lograr un “acuerdo de paz” con la “oposición violenta”.
-Piden arresto internacional contra Maduro
-La ex fiscal de Venezuela Luisa Ortega Díaz pidió ante la Corte Penal Internacional (CPI) una “orden de arresto internacional” contra el presidente Maduro y varios de sus ministros por crímenes de lesa humanidad, como más de 8.000 asesinatos y 17.000 detenciones arbitrarias.
-Ortega se reunió con personal de la Fiscalía de la CPI para presentar “más de 1.000 elementos probatorios”, entre ellos “reconocimientos médicos legales, reconocimientos psiquiátricos, inspecciones técnicas y entrevistas”, según dijo a la prensa en La Haya.
-Esas pruebas, recolectadas entre 2015 y 2017, mientras ella era la fiscal general, demostrarían las responsabilidades del Gobierno en crímenes de lesa humanidad, incluidos “asesinatos, torturas, encarcelaciones, así como un ataque sistemático y generalizado contra la población civil”, comentó Ortega.
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